Durante más de un siglo, la izquierda se definió fundamentalmente a partir de una pregunta económica: ¿qué lugar ocupa cada persona en el proceso productivo?
Para Marx, la división fundamental de la sociedad capitalista no enfrentaba simplemente a ricos y pobres. Enfrentaba a quienes poseían los medios de producción con quienes, careciendo de ellos, tenían que vender su fuerza de trabajo.
El sujeto político fundamental del marxismo era, por tanto, el trabajador.
Esta precisión resulta importante porque Marx utilizó una categoría distinta para describir determinados grupos situados al margen de la producción regular: el lumpenproletariado.
En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx describe el lumpenproletariado parisino como una masa heterogénea formada por individuos sin una inserción productiva estable. Lo relevante de la categoría no era simplemente la pobreza, sino su desvinculación respecto de una posición productiva común y, con ello, la ausencia de una conciencia de clase semejante a la que atribuía al proletariado.
En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels muestran además una profunda desconfianza hacia el lumpenproletariado, al considerar que podía ser utilizado políticamente por fuerzas ajenas a los intereses del proletariado.
La distinción es esencial.
El proletariado ocupaba una posición central en el sistema productivo.
El lumpenproletariado permanecía en sus márgenes.
Esta diferencia permite analizar una transformación importante de la izquierda contemporánea: el desplazamiento progresivo del trabajador como sujeto político central y la creciente importancia de colectivos definidos por la vulnerabilidad, la exclusión o la necesidad de protección.
Cuando la izquierda se organizaba alrededor del trabajo
La izquierda europea nació alrededor del mundo laboral.
Salarios, jornada de trabajo, negociación colectiva, seguridad en el empleo, accidentes laborales, pensiones, desempleo y vivienda obrera constituían cuestiones centrales de su programa político.
El personaje fundamental de aquella izquierda era el obrero industrial.
No se trataba únicamente de una preferencia cultural. La importancia política del proletariado derivaba, en el análisis marxista, de su posición dentro del sistema económico.
El trabajador podía encontrarse en una situación de subordinación respecto del capital, pero era al mismo tiempo imprescindible para el funcionamiento de la economía.
Una huelga podía detener una fábrica.
Una huelga ferroviaria podía paralizar las comunicaciones.
Una huelga minera podía afectar al suministro energético de todo un país.
El proletariado era políticamente relevante precisamente por su capacidad productiva.
El movimiento obrero construyó así una cultura política basada en la dignificación del trabajo y en la búsqueda de una mayor autonomía económica para quien vivía de él.
El objetivo era mejorar salarios, reducir jornadas, reforzar la seguridad en el empleo, facilitar el acceso a la vivienda y permitir que los trabajadores alcanzaran niveles crecientes de bienestar y patrimonio.
Del trabajador al vulnerable
Una parte significativa de la izquierda contemporánea ya no organiza su discurso exclusivamente alrededor de la posición del individuo en el proceso productivo.
Ha adquirido un peso creciente otra categoría: la vulnerabilidad.
El lenguaje político actual habla constantemente de colectivos vulnerables, hogares vulnerables, personas en riesgo de exclusión, minorías necesitadas de protección o grupos especialmente expuestos a determinadas desigualdades.
La protección de estas personas puede ser perfectamente legítima y necesaria.
El cambio relevante se encuentra en el criterio que determina qué grupos ocupan el centro de la acción política.
El eje se desplaza de la producción a la protección.
El trabajador deja de aparecer únicamente como productor que reclama una mayor participación en la riqueza generada y pasa a formar parte de un conjunto mucho más amplio de colectivos definidos por situaciones de necesidad, vulnerabilidad o dependencia de la intervención pública.
El socialismo clásico organizaba su discurso alrededor de la relación entre capital y trabajo.
Una parte de la izquierda contemporánea lo organiza en mayor medida alrededor de la relación entre grupos vulnerables y mecanismos de protección.
La primera perspectiva parte de la posición económica del individuo dentro de la producción.
La segunda parte de su grado de necesidad o exposición a determinadas formas de desigualdad.
Ambas pueden justificar políticas sociales, pero responden a fundamentos distintos.
La expansión de la protección social
Los datos muestran hasta qué punto las transferencias públicas forman parte estructural de las sociedades europeas actuales.
En España, el Ingreso Mínimo Vital llegaba en agosto de 2026 a 893.820 hogares en los que vivían 2.725.899 personas. La nómina correspondiente a ese mes ascendió a unos 474,7 millones de euros.
Una parte importante de los beneficiarios eran menores de edad, lo que impide identificar de manera automática a los perceptores de estas ayudas con la categoría marxista de lumpenproletariado.
La equivalencia sería conceptualmente incorrecta.
Entre quienes reciben prestaciones públicas existen trabajadores con rentas insuficientes, familias con hijos, desempleados temporales y personas que atraviesan dificultades de naturaleza muy distinta.
La cuestión política relevante no consiste en clasificar a todos estos grupos como lumpen.
Consiste en observar si el centro simbólico de la política de izquierdas se ha desplazado desde el trabajador productor hacia el ciudadano vulnerable que necesita protección pública.
Las condiciones materiales del trabajador
Ese desplazamiento adquiere especial relevancia porque los problemas materiales del trabajador siguen siendo considerables.
Según el INE, el salario mediano anual en España fue de 24.497 euros en 2024.
El salario más frecuente se situó en 16.520 euros anuales.
Además, el 29,5 % de los asalariados ganó entre 16.000 y 23.000 euros anuales.
Otra estadística del INE muestra que el salario mediano bruto mensual fue de 2.001 euros en 2024, mientras que el 30 % de los asalariados percibía menos de 1.582 euros brutos al mes.
Estas cifras describen una parte muy amplia de la población trabajadora española.
No se trata de una clase económicamente privilegiada.
Se trata, en millones de casos, de personas que trabajan de manera regular por salarios relativamente modestos.
La fiscalidad sobre el trabajo
A estos salarios se añade una carga fiscal considerable sobre el empleo.
La OCDE utiliza el concepto de tax wedge o cuña fiscal para medir la diferencia entre el coste total de un trabajador para la empresa y la renta neta que finalmente percibe, incluyendo impuestos y cotizaciones sociales.
Para un trabajador soltero sin hijos que percibe el salario medio, la cuña fiscal alcanzó en España el 41,4 % del coste laboral en 2025.
La media de la OCDE era del 35,1 %.
España se situaba así entre los países con una mayor diferencia entre el coste laboral total y la renta finalmente disponible para el trabajador.
Esta cifra no significa que el trabajador pague personalmente el 41,4 % de su salario en impuestos. Una parte corresponde a cotizaciones empresariales.
Sí significa que existe una diferencia considerable entre el coste de generar un puesto de trabajo y la renta que finalmente llega al empleado.
Trabajar tampoco garantiza el acceso a la vivienda
La vivienda constituye otro elemento central de las dificultades económicas de los trabajadores.
El Banco de España estimó que en 2024 un hogar no propietario necesitaba de media el equivalente a 6,8 años de su renta neta completa para adquirir una vivienda en su municipio de residencia.
Entre los menores de 35 años eran 7,1 años.
En Madrid ciudad el esfuerzo alcanzaba 9,7 años de renta y en Málaga llegaba a 10 años.
Estas cifras muestran hasta qué punto el acceso a la vivienda se ha desvinculado de la mera existencia de un empleo.
Una persona puede trabajar a jornada completa, percibir un salario regular y seguir encontrando enormes dificultades para adquirir una vivienda.
Desde una perspectiva marxista clásica, este tipo de problemas debería ocupar una posición central en cualquier política orientada a la clase trabajadora.
El Estado social no es equivalente al lumpenproletariado
El análisis debe introducir también una distinción fundamental.
El grueso del gasto social europeo no está destinado a colectivos marginales.
En la Unión Europea, las prestaciones por vejez representaron en 2024 el 41,5 % del gasto total en protección social.
La sanidad y las prestaciones relacionadas con enfermedad representaron otro 29,7 %.
Por tanto, identificar el Estado del bienestar con un sistema destinado fundamentalmente a mantener a sectores marginales sería incorrecto.
Pensiones, sanidad, desempleo y otras prestaciones forman parte de mecanismos generales de protección social que también benefician directamente a trabajadores y antiguos trabajadores.
La cuestión que debe analizarse es distinta.
Una cosa es estudiar dónde se dirige el gasto público.
Otra es determinar qué colectivos ocupan el centro del discurso político.
Y en este segundo terreno sí se aprecia una transformación relevante.
La izquierda tradicional utilizaba de manera constante conceptos como obrero, trabajador, salario, fábrica, producción, explotación, sindicato o negociación colectiva.
La izquierda contemporánea utiliza con mucha mayor frecuencia conceptos como vulnerabilidad, inclusión, diversidad, exclusión, discriminación y protección.
El cambio de vocabulario refleja también un cambio en la forma de comprender los conflictos sociales.
La clase trabajadora sigue votando a la izquierda
Los datos electorales obligan igualmente a evitar otra simplificación.
La izquierda española sigue conservando una base obrera considerable.
Una encuesta del CIS sobre ideología y polarización realizada en 2024 mostraba que, entre quienes recordaban haber votado al PSOE en las elecciones generales de 2023, un 13,2 % se identificaba expresamente como clase trabajadora, obrera o proletariado.
Entre los votantes de Sumar la proporción alcanzaba el 28,8 %.
Entre los votantes del PP era el 5,1 % y entre los de Vox el 9,1 %.
Otro estudio del CIS, analizado desde la perspectiva inversa, mostraba que entre quienes se identificaban como clase trabajadora, obrera o proletariado, el recuerdo de voto de 2023 se distribuía aproximadamente en un 28,5 % para el PSOE, un 27,3 % para Sumar, un 11,6 % para el PP y un 4,1 % para Vox.
Estos datos impiden sostener que la izquierda haya perdido completamente su conexión electoral con la clase trabajadora.
El cambio se produce en otro nivel.
El trabajador sigue formando parte de la coalición electoral de la izquierda, pero ya no ocupa necesariamente la posición simbólica que tuvo durante gran parte de los siglos XIX y XX.
Ese espacio se comparte ahora con numerosos colectivos cuya identidad política no deriva fundamentalmente de su posición dentro de la producción.
Proletariado y lumpen no significan pobre y rico
La precisión conceptual es imprescindible.
Para Marx, la pobreza no convertía automáticamente a una persona en lumpenproletaria.
Un camarero mal pagado es proletario en sentido marxista.
También lo son un trabajador agrícola, una limpiadora, un empleado de supermercado, un repartidor o un obrero industrial.
Incluso una persona que recibe determinadas ayudas públicas puede seguir formando parte claramente del proletariado.
El criterio decisivo es su relación con el sistema productivo.
El lumpenproletariado marxista se define precisamente por la ausencia de una posición productiva estable y común.
Por eso la tesis no puede consistir en identificar beneficiario de prestaciones con lumpenproletario.
La comparación debe situarse en otro plano: la diferencia entre una política construida alrededor de la autonomía económica del trabajador y otra que sitúa en primer término la protección permanente de colectivos definidos por su vulnerabilidad.
Del conflicto de clases a la política de protección
La tradición socialista clásica partía de un conflicto económico estructural.
Capital frente a trabajo.
Propietario frente a asalariado.
Beneficio frente a salario.
La política contemporánea ha incorporado numerosos conflictos distintos que no dependen necesariamente de la posición del individuo en la producción.
La discriminación por sexo, origen, orientación sexual, identidad, discapacidad o situación administrativa ocupa hoy un espacio considerable dentro del discurso progresista.
Se trata de problemas reales y diferenciados.
Pero su incorporación transforma inevitablemente el sujeto político de la izquierda.
Ya no existe una única clase definida por una posición económica común.
Existe una coalición formada por trabajadores, empleados públicos, pensionistas, minorías, colectivos vulnerables, jóvenes, desempleados y numerosos grupos definidos por circunstancias distintas.
Esta transformación aleja a la izquierda contemporánea del esquema marxista original.
Autonomía frente a dependencia
Existe además una diferencia fundamental entre dos modelos de política social.
El primero busca aumentar la autonomía económica del ciudadano.
Mejores salarios.
Mayor capacidad de ahorro.
Acceso a la vivienda.
Estabilidad en el empleo.
Capacidad para formar patrimonio.
Menor dependencia respecto de terceros.
El segundo modelo concentra una parte creciente de sus esfuerzos en compensar insuficiencias económicas mediante transferencias, subsidios y prestaciones.
Ambos instrumentos pueden coexistir.
El problema aparece cuando la segunda lógica desplaza a la primera.
Una política orientada al trabajador busca reforzar su capacidad económica propia.
Una política orientada principalmente a la protección puede terminar creando relaciones permanentes de dependencia respecto de la administración.
Esa diferencia tiene consecuencias políticas.
El riesgo del clientelismo
Marx analizó en El 18 Brumario la capacidad del poder político para organizar a sectores socialmente desarticulados mediante relaciones de patronazgo.
Ese análisis permite establecer una conexión con un problema contemporáneo: el clientelismo.
No toda prestación social genera clientelismo.
Tampoco toda persona que recibe una ayuda desarrolla una relación de dependencia política.
Pero cuanto mayor sea la dependencia directa de determinadas capas sociales respecto de decisiones administrativas, mayor es la posibilidad de que aparezca una relación política basada en la conservación de esas prestaciones.
La diferencia respecto del movimiento obrero clásico es sustancial.
El sindicato podía exigir mejores salarios a un empresario.
El trabajador organizado podía utilizar la huelga.
La clase obrera podía presionar al poder político desde una posición económica derivada de su capacidad productiva.
El ciudadano dependiente de una transferencia pública mantiene una relación diferente con el poder.
Su capacidad económica depende, en mayor medida, de decisiones tomadas por el propio Estado.
La emancipación económica como objetivo
El movimiento obrero aspiraba a reducir la dependencia económica del trabajador.
El objetivo consistía en que una persona pudiera vivir de su trabajo, mantener a su familia, acceder a una vivienda, ahorrar y construir un patrimonio.
Ese ideal contenía una idea muy clara de emancipación.
El trabajador debía disponer de capacidad económica propia.
Los datos actuales muestran que alcanzar esos objetivos resulta cada vez más difícil para una parte importante de los trabajadores españoles.
Un salario mediano anual inferior a 25.000 euros.
Un 30 % de asalariados por debajo de 1.582 euros brutos mensuales.
Una cuña fiscal del 41,4 % sobre el coste laboral de un trabajador medio sin hijos.
Más de siete años completos de renta neta para que un hogar joven pueda adquirir una vivienda media.
Estas cuestiones pertenecen directamente al ámbito tradicional de la política obrera.
Salario.
Fiscalidad.
Vivienda.
Ahorro.
Patrimonio.
Capacidad económica.
Si estos problemas permanecen sin resolver mientras aumenta el peso político y discursivo de las políticas de protección, puede producirse una inversión de prioridades.
El objetivo deja de ser únicamente conseguir que el trabajador necesite menos ayuda.
Pasa a adquirir importancia creciente la administración de esa necesidad.
La transformación del sujeto político de la izquierda
La tesis no consiste en afirmar que la izquierda haya sustituido literalmente al proletariado por el lumpenproletariado.
El cambio relevante se encuentra en el principio que organiza la representación política.
Para el socialismo clásico, el trabajador constituía el sujeto central porque ocupaba una posición esencial dentro de la producción.
Su importancia derivaba de su capacidad para producir riqueza, organizarse y defender colectivamente sus intereses económicos.
En buena parte de la izquierda contemporánea, ese criterio ha perdido centralidad frente a la vulnerabilidad.
El trabajador ya no aparece únicamente como productor que reclama una mayor participación en la riqueza generada.
Forma parte de una coalición mucho más amplia de colectivos definidos por situaciones de necesidad, exclusión, discriminación o dependencia de la protección pública.
El proletariado no ha desaparecido.
Tampoco ha desaparecido su relación electoral con la izquierda.
Lo que se ha modificado es su posición dentro del imaginario político.
Durante gran parte de los siglos XIX y XX, el trabajador ocupaba el centro de la identidad socialista.
Hoy comparte ese espacio con numerosos grupos cuya condición política no procede de su relación con la producción.
Desde una perspectiva marxista clásica, esta transformación es profunda.
Marx concebía el proletariado como una clase con intereses comunes derivados de su posición productiva.
El lumpenproletariado carecía de esa posición común y podía quedar sujeto a relaciones de dependencia respecto de quienes controlaban recursos y poder político.
Esta distinción sigue siendo útil para analizar la diferencia entre una política orientada a reforzar la autonomía económica del trabajador y otra centrada fundamentalmente en gestionar situaciones permanentes de vulnerabilidad.
La izquierda histórica aspiraba a que el trabajador dependiera menos del empresario y dispusiera de mayor capacidad económica propia.
La cuestión contemporánea es si esa emancipación económica continúa siendo el objetivo central o si está siendo sustituida parcialmente por un modelo en el que el Estado compensa mediante transferencias aquello que el ciudadano no consigue obtener mediante su trabajo.
Con salarios modestos, dificultades crecientes para acceder a una vivienda y una elevada carga fiscal sobre el empleo, los problemas materiales de la clase trabajadora continúan plenamente vigentes.
La cuestión central puede formularse de manera sencilla:
si el trabajador continúa teniendo dificultades para vivir de su trabajo, ahorrar, adquirir una vivienda y construir patrimonio, ¿sigue ocupando realmente el centro de las prioridades de la izquierda contemporánea?